En segundo lugar, esta solución no es viable, ya que  en nuestro país, la influencia de la religión es relevante y rechaza cualquier propuesta de ley que esté favor de la comunidad LGBTI, debido a que vivimos en una sociedad con estereotipos, acoso homofóbico y discriminación. Si bien las religiones tienen el potencial de generar armonía, paz, serenidad y gratitud, también posee la capacidad de promover prejuicios, fanatismo, discriminación, estigma y, en el peor de los casos, discursos de odio. Dentro de la perspectiva cristiana y musulmana,  los homosexuales son personas condenadas, que viven en pecado, y cuya moralidad queda en graves dudas. Basándose en las oraciones del Viejo Testamento, muchos cristianos profesan una aversión intensa a las personas homosexuales y a la comunidad LGBTI (Ramírez, 2016). Por ejemplo, ,el caso del pastor evangélico Alberto Santana, que realizó un discurso en el que denigró a la comunidad homosexual, tildándolos de asquerosos, sucios, cristo-fóbicos, infieles, ignorantes, sodomitas, afirmando que si el Estado aprueba sus derechos, se legalizará el homosexualismo y "otros pecados", como la violación y la drogadicción. Por otro lado, esta doctrina ha tenido una significativa participación y una fuerte influencia sobre las leyes y la política en el Perú, para una implementación o propuesta de ley que beneficiaría a la comunidad LGBTI. Cabe resaltar que la mayor parte de la sociedad en el país, representados por el 81.3% de la población, se considera católica, ocasionando una influencia muy relevante. A su vez, el Estado revalida a la Iglesia Católica como protagonista en el preámbulo de la Constitución Política en la que se hace una invocación a Dios. Tal reconocimiento se hace manifiesto en el artículo 50 de la Constitución.

​

“Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.” (Constitución Política del Perú 1993)